Read this story in English. En colaboración con Outlier Media.

El agente de la Policía de Taylor Ryan Jowske se inclinó hacia la ventanilla de la camioneta gris el 12 de mayo. “Los detuve por el tinte de las ventanas del vehículo”, dijo, mientras pedía una identificación al conductor y al pasajero.

“Está vencida”, dijo el conductor. El pasajero no tenía una. “¿De dónde son?”, preguntó Jowske. De Colombia, respondieron.

Jowske no encontró sus nombres en una base de datos, según su informe policial. Luego llamó a un agente de U.S. Border Patrol, quien pidió hacerse cargo de ambas personas. Jowske esposó a los dos y los mantuvo en su patrulla hasta que el agente llegó unos 10 minutos después.

Para ambos migrantes, el resultado fue catastrófico: dos meses de detención, deportaciones y familias separadas.

Para los policías por todo Michigan, fue un día típico de trabajo.

Agentes de decenas de policías municipales han entregado migrantes a la administración de Donald Trump en cientos de casos, según un análisis de registros públicos realizado por Michigan Public y Outlier Media. En estas comunidades, las deportaciones suelen comenzar por asuntos que parecen triviales: un parabrisas agrietado, cruzar la calle fuera del paso peatonal, un vehículo averiado o simplemente las sospechas de un oficial.

Según expertos, la policía no tiene la obligación de reportar a los migrantes a las autoridades federales en tales casos. Algunos jefes de policía de Michigan también desaconsejan esta práctica, en parte porque perjudica las relaciones entre la comunidad y la policía y desvía recursos locales destinados a la seguridad pública.

Algunos residentes se han opuesto al papel de sus ciudades en alimentar la maquinaria de deportación de la administración Trump. Pero en muchas comunidades, el aumento de la colaboración entre la policía y los agentes federales ha pasado desapercibido.

“Probablemente sigue siendo la manera más común en que alguien termina bajo custodia de las autoridades migratorias”, dijo Ramis Wadood, abogado de planta de la American Civil Liberties Union of Michigan. “Sucede todos los días. Y, por desgracia, para muchas agencias, simplemente es una práctica habitual”.

Michigan Public y Outlier recopilaron cientos de documentos para elaborar la lista más completa disponible de informes policiales relacionados con inmigración en el estado desde 2021.

Es muy probable que los datos subestimen la participación policial. Pero ofrecen una perspectiva poco habitual de la colaboración local con las autoridades migratorias, que podría ser valiosa para quienes necesitan desplazarse por el área metropolitana de Detroit o están interesados en la rendición de cuentas policial.

El portavoz de U.S. Border Patrol, Youssef Fawaz, dijo que la agencia “se enorgullece de colaborar con las agencias locales del orden público, que deberían ser reconocidas por su dedicación a mantener seguras nuestras comunidades”.

La mayoría de las personas detenidas por motivos migratorios no tiene antecedentes penales, y la mayoría de los casi 400 encuentros policiales que catalogamos comenzaron por infracciones menores.

Taylor forma parte del pequeño grupo de departamentos de Michigan que tienen acuerdos formales de cooperación con U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). El jefe de policía John Blair no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la detención de tránsito de mayo ni sobre la cooperación de su departamento con las autoridades migratorias.

La esposa de uno de los hombres deportados después de ser detenido por la policía de Taylor aún intentaba entender cómo una ventana tintada había trastocado la vida de su familia. No usamos los nombres completos de la pareja porque temen represalias contra sus familiares que aún se encuentran en Estados Unidos.

“La mayoría de las personas que vienen (a Estados Unidos) lo hacen para buscar un futuro mejor, no para hacer cosas malas”, dijo. “Simplemente no tiene sentido. Hemos construido una vida aquí. Queremos quedarnos”.

‘Seguir la ley, no la política’

Los departamentos de policía del área de Detroit tienen una larga historia de cooperación con Border Patrol. Pero esa colaboración parece haberse intensificado desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

En las 388 detenciones y arrestos relacionados con inmigración que revisamos en todo el estado, las llamadas de las policías municipales a las autoridades migratorias aumentaron drásticamente después de que Trump iniciara su segundo mandato. Algunos departamentos hicieron decenas de llamadas en 2025 y 2026, en comparación con pocas o ninguna durante los cuatro años anteriores.

El cambio refleja un cambio en las prioridades federales — y en la disposición de los agentes federales a responder a las llamadas de las policías municipales.

En 2022, durante la administración del presidente Joe Biden, un agente de Van Buren Township llamó a ICE para preguntar si los agentes querían hacerse cargo de un migrante al que habían detenido por una placa “irregular”. El agente declinó, explicando que la “administración política” se estaba enfocando en “delincuentes violentos”.

En 2025, después de que Trump regresara al poder, un agente de Van Buren llamó a Border Patrol por unos migrantes que presuntamente se pasaron una señal de alto. Esta vez, los agentes federales sí mostraron interés. Tres agentes de Van Buren condujeron durante una hora para entregar a los migrantes a Border Patrol.

“Nuestro enfoque y prioridad es la seguridad de quienes trabajan, viven y transitan por Van Buren Township, no su estatus migratorio”, dijo el jefe de policía de Van Buren, Jason Wright, en una declaración enviada por correo electrónico.

Dijo que sus agentes utilizan Border Patrol como un “recurso” para verificar identificaciones y evitar que personas sin licencia se vayan después de una detención de tránsito “y potencialmente causen daños en un accidente”.

Pero la evidencia sugiere que la política — no la seguridad pública — está impulsando un cambio en el comportamiento policial.

La administración Trump cuenta con un amplio respaldo en las comunidades del área metropolitana de Detroit que colaboran más activamente con la aplicación de las leyes de inmigración.

Shelby Township y Sterling Heights, dos de los municipios cuyas policías reportaron algunas de las cifras más altas de arrestos relacionados con inmigración en nuestro conjunto de datos, apoyaron ampliamente a Trump en 2024. El jefe de policía de Shelby Township recibió al vicepresidente JD Vance para que hablara en el departamento durante la campaña. Uno de los principales sindicatos policiales del estado también respaldó a Trump ese año.

Durante una detención de tránsito en Fraser el invierno pasado, agentes de policía mencionaron a Trump y dijeron que querían “sacar (a un migrante) de aquí”, mientras utilizaban repetidamente el término deshumanizante “ilegal”.

Representantes del sector policial rechazaron la idea de que el comportamiento de los departamentos esté motivado políticamente.

“Creo que el público debería esperar que los agentes sigan la ley, no la política”, dijo Ron Wiles, director ejecutivo de la Michigan Association of Chiefs of Police.

‘Una decisión local’ 

Los agentes que deciden participar en la campaña de deportaciones de Trump tienen amplia libertad para hacerlo.

“No existe un estándar para (la aplicación de las leyes de inmigración); es una decisión local”, dijo Wiles. “Cada comunidad es diferente: tiene necesidades distintas y distintas preferencias sobre cómo quiere que actúe su policía”.

Los acuerdos formales de cooperación con ICE, como el de Taylor, son poco comunes.

En la práctica, la diferencia entre una multa por una infracción menor y semanas de detención o una deportación puede depender de si un agente o supervisor decide llamar a Border Patrol.

Alrededor de la medianoche del 9 de junio, el agente de Southgate A. Zielinski detuvo a tres personas por cruzar una calle de dos carriles fuera del paso peatonal, entre una tienda de conveniencia y un hotel La Quinta Inn. Las imágenes de la cámara corporal muestran que Zielinski pidió identificación a los tres, y dos de ellos la presentaron de inmediato.

Zielinski señaló repetidamente que “no hablan inglés”. Buscó sus identificaciones en una base de datos estatal, pero no encontró ningún registro. A la tercera persona, que hablaba inglés y no llevaba identificación, la dejaron ir con una citación.

Cuatro agentes rodearon a las dos personas restantes en el estacionamiento del hotel. Después de unos 40 minutos, fueron esposadas y se las llevaron tres agentes de Border Patrol.

De marzo a junio de este año, Southgate registró tres arrestos relacionados con inmigración, después de no reportar ninguno entre 2021 y 2025. La policía de Southgate no respondió a una solicitud de comentarios.

Los detalles varían, pero muchos incidentes siguen un patrón similar. Los agentes se encuentran con personas en situaciones cotidianas: intentando arrancar un auto con cables, durmiendo bajo un árbol, conduciendo con un faro roto o pagando una multa en un tribunal. El agente descubre que la persona habla poco inglés, tiene una identificación extranjera o no tiene identificación. Luego viene la llamada a las autoridades federales de inmigración.

Algunas de las detenciones también plantean preguntas sobre por qué la policía decide detener a ciertas personas en primer lugar. Expertos que revisaron los registros de los casos incluidos en este artículo dijeron que algunos presentan características de las llamadas “detenciones con pretexto”, en las que los agentes usan una infracción menor como motivo para investigar una sospecha sobre otra cosa, incluido, potencialmente, el estatus migratorio de una persona.

Pero los registros no permiten establecer las motivaciones de los agentes en casos individuales. Wiles se negó a revisar los documentos, pero dijo que supone que los agentes no tenían “algún motivo oculto” para realizar estas detenciones más allá de haber presenciado una infracción.

Independientemente del motivo de una detención, los agentes no tienen que llamar a las autoridades migratorias. Algunos jefes de policía han prohibido expresamente a sus oficiales hacerlo.

En Southfield, un agente que se encuentra con una persona conduciendo con un pasaporte pero sin licencia de conducir — una situación común en los datos — podría emitirle una multa o arrestarla. Pero el encuentro no daría lugar a una llamada a agentes de inmigración, según informó el departamento de policía de la ciudad.

“No haremos ninguna pregunta sobre el estatus migratorio”, dijo Elvin Barren, jefe de policía de Southfield.

Su razonamiento es práctico: si la policía de Southfield preguntara regularmente a las personas por su estatus migratorio, “limitaría o impediría que las víctimas de delitos acudieran a nosotros en busca de ayuda”, dijo.

El resultado de estos enfoques tan distintos es que el mismo tipo de encuentro con la policía puede tener consecuencias radicalmente diferentes según dónde ocurra.

Desarraigando una familia 

En esa mañana soleada de mayo, J dijo que acababa de salir de Home Depot cuando vio en el espejo retrovisor las luces de la patrulla del agente Jowske, de Taylor.

J no habla ni entiende inglés. Recordó que temblaba de miedo mientras intentaba entender y seguir las preguntas e instrucciones del agente.

Pasó los dos meses siguientes separado de su esposa e hijos, trasladado por cinco cárceles federales y centros de detención distintos. Describió registros constantes y burlas por parte del personal de ICE. Entre el estrés y la comida “asquerosa”, dijo que perdió 34 libras.

Cuando ICE deportó a J a finales de junio, puso fin a la vida que él y su esposa habían construido juntos en Estados Unidos durante aproximadamente cuatro años.

La familia entró a Estados Unidos en 2022, después de concertar una cita con Customs and Border Protection en la frontera sur para iniciar un caso de asilo. Se mudaron al oeste de Detroit e inscribieron a sus hijos en la escuela.

En Colombia, la familia había pasado hambre en ocasiones. J, que trabajaba allí como taxista, no ganaba lo suficiente para cubrir los gastos de la familia.

En Detroit, sus vidas se estabilizaron. J encontró trabajo reparando casas de alquiler. Sus hijos mayores obtuvieron becas para jugar fútbol competitivo con el programa juvenil de Detroit City FC.

Después de que J fuera deportado, la familia decidió que su esposa e hijos también saldrían de Estados Unidos mediante el programa de “autodeportación” de la administración Trump, que ofrece boletos de avión a los migrantes que salen voluntariamente del país.

En una mañana soleada de julio, se reunieron en el patio trasero de la casa de un familiar en Detroit, preparándose para tomar un vuelo a Bogotá. Sus maletas estaban amontonadas en una miniván estacionada al frente.

El hijo menor de la pareja, de 7 años, llevaba una gorra de béisbol de Godzilla. Cuando le preguntaron qué pensaba del viaje, parecía no saber qué decir. Tenía 3 años cuando entró a Estados Unidos, y su madre dijo que recuerda poco de Colombia.

Su hermana mayor, de 9 años, intervino para hacer de intérprete.

“Ha hecho muchos amigos”, explicó. “Está triste por dejarlos”.

Beenish Ahmed, de Michigan Public, contribuyó con reporteo a esta historia.

Lee la versión en español de este artículo. Copublished with Outlier Media.

Taylor Police Officer Ryan Jowske leaned into the window of the silver pickup on May 12. “Stopped you because of the tint on the car” windows, he said, asking driver and passenger for ID.

“It’s expired,” the driver said. The passenger didn’t have one. “Where are you from?” Jowske asked. Colombia, they said.

Jowske didn’t find their names in a database, according to his police report. He then called a U.S. Border Patrol agent, who requested to take custody of both people. Jowske handcuffed the pair, holding them in his car until the agent arrived about 10 minutes later.

For both migrants, the result was catastrophic: two months of detention, deportations and separated families.

For police across Michigan, it was a typical day on the job.

Local police officers in dozens of departments have handed migrants to the Donald Trump administration in hundreds of cases, according to an analysis of public records by Michigan Public and Outlier Media. In these communities, deportations often begin with seemingly trivial issues: a cracked windshield, jaywalking, a broken-down car, or simply an officer’s suspicion.

_{Can't see the map? Reload the page or click here.}

Police have no obligation to report migrants to federal authorities in such cases, experts say. Some Michigan police chiefs also advise against the practice, in part because it harms community-police relations and diverts local safety resources.

Some residents have protested their cities’ roles in fueling the Trump administration’s deportation machine. But in many communities, increased collaboration between police and federal agents has gone unnoticed.

“It’s still probably the most common way for someone to end up in immigration custody,” said Ramis Wadood, staff attorney at the American Civil Liberties Union of Michigan. “It happens every day. And unfortunately, for a lot of agencies, it is just standard practice.”

Michigan Public and Outlier compiled hundreds of documents to build the most comprehensive available list of immigration reports by police departments in the state since 2021.

The data likely underestimates police involvement. But it provides a rare view into local collaboration with immigration authorities that could be valuable to people who need to travel across metro Detroit or are interested in police accountability.

Border Patrol spokesperson Youssef Fawaz said the agency “proudly partners with local law enforcement agencies, who should be celebrated for their dedication to keeping our communities safe.”

Most people in immigration detention have no criminal record, and most of the nearly 400 police encounters we cataloged began with minor violations.

Taylor is among a handful of Michigan departments with formal cooperation agreements with U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Police Chief John Blair did not respond to requests for comment about the May traffic stop or his department’s cooperation with federal immigration efforts.

The wife of one of the men deported after encountering Taylor police still struggled to understand how a tinted window upended her family’s life. We are not using the couple’s full names because they fear reprisals for their family still in the U.S.

“Most people who come (to the U.S.) do it for a better future, not to do bad things,” she said. “It just doesn’t make sense. We’ve built a life here. We want to stay.”

‘Follow the law, not politics’

Detroit-area police departments have a long history of aiding Border Patrol. But the collaboration appears to have intensified after Donald Trump returned to the White House.

The 388 immigration stops and arrests we reviewed statewide show that calls from local police to immigration officials surged after Trump began his second term. Some departments made dozens of calls in 2025 and 2026, compared with few or none during the previous four years.

The shift reflects a change in federal priorities — and in federal agents’ willingness to respond to calls from local police.

In 2022, during President Joe Biden’s administration, a Van Buren Township officer called ICE to ask whether agents wanted to take custody of a migrant they stopped with an “improper” license plate. The agent declined, explaining that the “political administration" was focused on “violent offenders.”

In 2025, after Trump returned to office, a Van Buren officer called Border Patrol about migrants who allegedly ran a stop sign. This time, federal agents were interested. Three Van Buren officers drove to the eastside of Detroit — nearly an hour away — to deliver the migrants to Border Patrol.

“Our focus and priority is the safety and security of those who work, live and traverse through Van Buren Township, not immigration status,” Van Buren Police Chief Jason Wright said in an emailed statement. He said his officers use Border Patrol as a “resource” to check IDs.

But the evidence suggests that politics may be influencing police behavior.

The Trump administration has broad support in the metro Detroit communities that are most aggressively cooperating with immigration enforcement.

Shelby Township and Sterling Heights, two of the municipalities whose police reported some of the most immigration arrests in our dataset, strongly supported Trump in 2024. Shelby Township’s police chief welcomed Vice President JD Vance to speak at the department during the campaign. One of the state’s major police unions also endorsed Trump that year.

During a traffic stop in Fraser last winter, police officers invoked Trump, saying they wanted to “get (a migrant) out of here,” repeatedly using the dehumanizing term “illegal.”

Police advocates pushed back on the idea that officers’ behavior is politically motivated.

“The public, I think, should expect officers to follow the law, not politics,” said Ron Wiles, executive director of the Michigan Association of Chiefs of Police.

‘A local decision’ 

Officers who choose to participate in Trump’s deportation campaign have broad latitude to do so.

“There is no standard for (immigration enforcement), it’s a local decision,” said Wiles. “Each community is different — they have different needs and different wants on how they want their policing done.”

Formal cooperation deals with ICE, like Taylor’s, are rare.

In practice, the difference between a ticket and weeks of detention or deportation can come down to whether an individual officer or supervisor decides to call Border Patrol.

_{Can't see the graph? Reload the page or click here.}

Around midnight on June 9, Southgate Officer A. Zielinski stopped three people for jaywalking across a two-lane road between a convenience store and a La Quinta Inn. Body camera footage shows Zielinski asked all three for identification, which two of them quickly provided.

Zielinski repeatedly noted the two “don’t speak English.” He looked up their IDs in a state database, but was unable to find them. The third person, who spoke English and carried no identification, was let go with a citation.

Four officers surrounded the two remaining people in the hotel parking lot. After about 40 minutes, they were handcuffed and taken away by three Border Patrol agents.

From March through June of this year, Southgate logged three immigration arrests after reporting zero between 2021 and 2025. Southgate police did not respond to a request for comment.

The details vary, but many incidents follow a similar pattern. Officers encounter people in mundane moments: jumping a car battery, sleeping under a tree, driving with a broken headlight, paying a fine in court. The officer learns the person speaks little English, has a foreign ID or no ID. Then comes the call to federal immigration agencies.

Some of the stops also raise questions about why police choose to stop people in the first place. Experts who reviewed records from the stops in this story said some carry the hallmarks of “pretext” stops, where officers use a minor violation as a reason to investigate a suspicion about something else — including, potentially, someone’s legal status.

But the records don’t establish officers’ motivations in individual cases. Wiles declined to review the records, but said he assumes officers didn’t have “some ulterior motive” for these stops beyond a violation committed in their presence.

Regardless of the reason for a stop, officers don’t have to call immigration authorities. Some police chiefs have expressly forbidden their officers from doing so.

In Southfield, an officer who encounters someone driving with a passport and no driver’s license — a common scenario in the data — might issue a ticket or make an arrest. But the encounter would not trigger a call to immigration agents, the city’s police department said.

“We will ask no questions about the immigration status at all,” said Elvin Barren, Southfield police chief.

His reasoning is practical: If Southfield police regularly asked people about their immigration status, “it would limit or prevent victims of crime from coming to us for help,” he said.

The result of these disparate approaches is that the same kind of police encounter can have radically different consequences depending on where it happens.

Uprooting a family 

On that sunny morning in May, J said he had just left Home Depot when Taylor police officer Jowske’s lights flashed in his rearview mirror.

J does not speak nor understand English. He recalled trembling with fear as he tried to follow the officer’s questions and directives.

He spent the next two months separated from his wife and children, shuffled between five different federal jails and detention camps. He described constant searches and ridicule by ICE staff. Between the stress and “disgusting” food, he said he lost 34 pounds.

When ICE deported J in late June, it ended the life that he and his wife had built in the U.S. over roughly four years.

The family entered the U.S. in 2022, making an appointment with Customs and Border Protection at the southern border to start an asylum case. They moved to the westside of Detroit and enrolled their kids in school.

The family had gone hungry at times in Colombia. J, a taxi driver there, couldn’t make ends meet.

In Detroit, their lives stabilized. J found work repairing rental houses. Their older children won scholarships to play travel soccer with Detroit City FC’s youth program.

After J was deported, the family decided that his wife and children would also leave the U.S. through the Trump administration’s “self-deportation” program, which provides plane tickets and a payment to migrants who voluntarily leave the country.

On a sunny morning in July, they gathered in the backyard of a relative’s home in Detroit, preparing to catch a flight to Bogotá. Their suitcases were crammed into the trunk of a minivan out front.

The couple’s youngest son, 7, wore a Godzilla baseball cap. Asked what he thought about the trip, he seemed unsure. He was 3 when he entered the U.S., and his mother said he has little memory of Colombia.

His older sister, 9, jumped in to interpret.

“He’s made a lot of friends,” she explained. “He’s sad to leave them.”

Michigan Public’s Beenish Ahmed contributed reporting to this story.